UN MANIFIESTO DE LOS PUEBLOS
Las prioridades más importantes para desarrollar una Europa
democrática, social, ecológica y feminista.
¡PONGAMOS FIN A LA AUSTERIDAD
Y EXIJAMOS UNA DEMOCRACIA REAL!
Europa está al borde del precipicio y mirando hacia el abismo. Las políticas de austeridad llevan a los pueblos de Europa a la pobreza, recortan la democracia y desmantelan las políticas sociales. Las crecientes desigualdades amenazan la cohesión social. La destrucción ecológica continúa mientras crisis humanitarias agudas devastan a los países más afectados. Las mujeres y los jóvenes son los más golpeados por la crisis.
La oligarquía Europea emplea cada vez métodos más autoritarios para sacar adelante un sistema neoliberal fallido, a pesar de la extensión de las protestas y resistencia. La democracia y la paz se ven amenazadas; la discriminación, basada en la religión, el racismo, la homofobia o el sexismo y el nacionalismo, está creciendo mientras la crisis se profundiza día a día. La misma existencia de la Unión Europea está ahora en riesgo mientras las políticas actuales debilitan todavía más la solidaridad entre los pueblos de Europa.
Nuestro objetivo prioritario es construir una Europa basada en la igualdad, la solidaridad y una auténtica democracia. Las instituciones y gobiernos europeos sirven a los intereses de los mercados financieros sin ningún respeto por la soberanía popular. Es tan importante que las instituciones y gobiernos sean puestos bajo control democrático como que el interés público prevalezca y las necesidades sociales y ecológicas se cumplan. Basamos las demandas para lograr una Europa democrática, social, ecológica y feminista en estos principios, y en la solidaridad con los pueblos del mundo.
I. Acabemos con la esclavitud de la deuda.
La deuda pública tiene sus raíces en opciones políticas y económicas que están en la agenda de las instituciones y gobiernos europeos. Décadas de políticas regresivas de impuestos han dado lugar al enriquecimiento vergonzoso de una minoría, mientras hemos visto cómo descendían los ingresos públicos y cómo con dinero público se ha rescatado a bancos fallidos. Las políticas de austeridad han empobrecido a las familias y reducido los ingresos de los pequeños negocios y empresas, profundizando aún más la recesión. Se abrió la veda a la especulación con bonos del Estado por parte de los bancos, mientras las finanzas públicas se han teñido de corrupción por la alianza entre políticos e intereses económicos privados.
Más aún, en muchos países la deuda privada ha sido promovida de forma agresiva por el sector financiero y los gobiernos, como medio de compensar el estancamiento de los salarios reales mientras los precios seguían creciendo.
Las medidas que han tomado las instituciones y gobiernos europeos están diseñadas para hacer pagar la deuda al pueblo. Sin embargo, en gran medida esta deuda puede ser considerada ilegítima, ya que fue amasada sin tener en cuenta el bien común. Ahora está claro que muchos países no la podrán reembolsar.
Los derechos humanos deben tener prioridad frente al pago de la deuda, y las necesidades humanas frente a los beneficios. Pedimos con urgencia medidas aplicadas en toda la UE que liberen a los pueblos de la presión de los mercados financieros y las políticas de austeridad. Las políticas fiscales y monetarias deben cambiar para que los países europeos se liberen de la trampa de la deuda.
Nuestras demandas comunes y urgentes:
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Dejar sin efecto inmediatamente el “memorándum” impuesto por la troika a los países sobre endeudados; cancelar una gran parte de la deuda pública sin dañar a los ahorradores y los intereses de los pequeños inversores y fondos de pensiones públicos. Los bancos y el sector financiero deben hacerse cargo de las pérdidas que les corresponden. La quita deberá ser delimitada democráticamente país por país. Para este objetivo, las auditorías ciudadanas de la deuda pueden ser una buena herramienta.
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Suspender los pagos hasta que las poblaciones estén protegidas contra la pobreza y el desempleo, hasta que el desarrollo económico y la transición ecológica estén aseguradas, los servicios públicos reforzados y los derechos económicos y sociales consolidados.
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Se debe realizarse inmediatamente una recaudación fiscal extraordinaria que eleve los impuestos a los más pudientes.
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El Banco Central Europeo (y otras instituciones bancarias públicas europeas) debe prestar dinero directamente a los Estados a tipos de interés reducido, bajo control democrático y sin condiciones impuestas por programas de reformas estructurales neoliberales.
II. Hacia una Europa social y ecológica: acabemos con la austeridad.
En toda Europa, y especialmente en el sur y el este, los gobiernos e instituciones europeas imponen medidas duras de austeridad, supuestamente para reducir la deuda. Poblaciones enteras están agobiadas, el gasto público se recorta dramáticamente en muchas áreas esenciales, y las inversiones importantes en investigación o actividades industriales que podrían facilitar una transición social y ecológica son relegadas.
Las políticas de austeridad impuestas por las instituciones y los gobiernos crean una espiral que destruye economías, crea mayores déficits, deudas y desempleo al tiempo que se intensifica la crisis ecológica. Mientras tanto, una minoría, continúa enriqueciéndose.
Hoy en día, más de la mitad de la riqueza de Europa está en manos de sólo un 10% de la población. Las políticas actuales están de hecho diseñadas para mantener estas desigualdades, pero a su vez el modelo neoliberal continúa devastando el planeta y deteriorando los derechos sociales y democráticos.
Exigimos un cambio absoluto de políticas y otro modelo de sociedad que asegure la justicia social, la igualdad, la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ecológica y la protección de los bienes comunes sociales y naturales.
Nuestras demandas comunes y urgentes:
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Finalización inmediata de la austeridad que está arrastrando a Europa a una profunda recesión. Cancelar o vetar los tratados y regulaciones que imponen la austeridad: el Pacto Fiscal, el Six Pack, el Two-Pack y el Pacto para la Competitividad que se está negociando actualmente. La política fiscal debe ser decidida democráticamente.
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Asegurar la justicia fiscal con un sistema de impuestos progresivo y permanente sobre los ingresos, la riqueza y los beneficios empresariales, con tipos efectivos mínimos aplicados en todos los países europeos. Revocar las subidas de impuestos sobre el consumo y reducir drásticamente los aplicados a los bienes básicos. Prohibir los paraísos fiscales y reforzar las medidas contra el fraude y la evasión fiscal.
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Desarrollo de programas públicos de inversión en toda Europa bajo control ciudadano para impulsar una transición social y ecológica. Esta transición debería estar basada en políticas industriales y agrícolas que aborden la crisis ecológica, así como la necesidad de crear millones de puestos de trabajo de calidad, y debería sustentarse en actividades ambientalmente sostenibles y socialmente útiles. Entre ellas tendrían que figurar la transición energética, el transporte público y la soberanía alimentaria. Esto requerirá paralelamente recortes en el gasto militar y otros gastos social y ecológicamente dañinos. Los presupuestos de la UE y los presupuestos nacionales deberían reorientarse en esta dirección.
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Reforzar y ampliar los bienes comunes sociales y ecológicos. Redefinir y desarrollar los servicios públicos (incluyendo salud, ciencia, educación, alimentación infantil, transporte y energía, agua, información, cultura, vivienda pública, crédito, etc.). Parar todas las privatizaciones de estos servicios, establecer la propiedad pública o cooperativa de los mismos y administrarlos democráticamente.
III. Derechos para todos: no a la pobreza y la precariedad.
Las políticas de austeridad atacan nuestros derechos económicos y sociales y nuestra protección social. Conducen a una caída en el nivel de vida, y en algunos países, a una aguda crisis humanitaria. Las consecuencias son el desempleo masivo y la degradación de las condiciones de trabajo y de vida, que a su vez han desembocado en un aumento inaceptable de la pobreza. Hoy en día, 120 millones de personas en la UE son pobres.
En el contexto presente de la crisis, estas políticas van incluso más allá. Están atacando los derechos laborales y el papel de los sindicatos, incluida su capacidad para organizarse y firmar convenios colectivos. Impulsan la competitividad para dividir al pueblo, incrementar los beneficios y atacar la protección social, y tienen como objetivo mercantilizar todos los aspectos de la naturaleza. Los acuerdos de libre mercado fomentan el dumping social, ecológico y fiscal.
De entre las personas que viven precariamente, tales como los trabajadores o desempleados, los discapacitados y muchos pensionistas son los más golpeados. Las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes están en la primera línea. Las mujeres son particularmente atacadas en sus derechos laborales y están obligadas a compensar con su trabajo no remunerado la demolición de los servicios públicos. Los derechos básicos de los emigrantes son denegados y una generación entera de jóvenes europeos está sujeta a un declive social sin precedentes y un futuro sin trabajo.
Exigimos que todas las personas disfruten de derechos sociales, democráticos, económicos y medioambientales.
Nuestras demandas comunes y urgentes:
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Restaurar la libertad de organización y la negociación colectiva, así como proteger o restaurar los convenios colectivos y los derechos laborales extinguidos por las medidas de austeridad. Garantizar la democracia en el lugar de trabajo como un derecho fundamental del trabajador. Las normas de la Organización Internacional del Trabajo y el Capítulo Social Europeo deben aplicarse a todos los trabajadores y emigrantes. Hay que poner punto final a la precariedad.
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Acabar con la competencia desleal social y laboral en Europa y en el mundo. Promover una base común de garantías colectivas que asegure un sistema de Seguridad Social de alto nivel y derechos económicos, incluyendo a aquellos obtenidos a través de acuerdos internacionales.
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Incrementar los sueldos, establecer un salario mínimo suficiente por ley o vinculante por convenios colectivos en cada país y unos ingresos mínimos suficientes para una vida digna. Reducir las horas de trabajo sin reducir los sueldos y asegurar una división justa de trabajo no remunerado relativo a los cuidados. Promover el empleo de calidad y sostenible para todos con unas condiciones de trabajo dignas. Reducir radicalmente las diferencias salariales en la misma compañía.
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Proteger la seguridad de permanencia en el hogar de las familias endeudadas, y en general, el derecho de las personas a una vivienda digna. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y prevención de calidad para todo el mundo.
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Imponer la igualdad salarial, de pensiones y de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Prohibir la discriminación en el trabajo basada en el género, el origen étnico, la nacionalidad u orientación sexual. Oponerse con fuerza a la violencia de género.
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Reforzar el protagonismo social y político de los inmigrantes. Oponerse a las políticas de criminalización de inmigrantes y refugiados. Asegurar los mismos derechos para inmigrantes y garantizar el asilo, cerrar los centros de detención, cerrar la agencia FRONTEX y terminar sus operaciones en las fronteras de la UE.
IV. Por la democracia económica: pongamos a los bancos al servicio de los ciudadanos.
El colapso del sistema bancario en 2008 no es un accidente, sino el resultado de un sistema organizado para beneficiar a accionistas y especuladores a costa de la economía real y contra el interés público. En las últimas décadas, los gobiernos han autorizado y apoyado este sistema consintiendo todas las demandas de la industria financiera. Muchas instituciones públicas o cooperativas que anteriormente se habían dedicado a financiar actividades regionales útiles fueron privatizadas. Mientras tanto, la ausencia de regulación permitió a las organizaciones criminales del mundo blanquear su dinero e invertirlo libremente donde fuera más conveniente.
La respuesta de los gobiernos a la crisis fue la de inyectar cientos de miles de millones de euros para rescatar a los bancos a expensas de los contribuyentes, y proveer al sistema financiero de garantías incondicionales que todavía los fortalecen más.
Para que los bancos y la industria financiera sirvan al interés público, la sociedad y el medioambiente, desde ahora en adelante, es necesario acabar con el poder desproporcionado de las instituciones financieras a través de una estricta regulación y el control democrático de los bancos.
Nuestras demandas comunes y urgentes:
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Revisar las extensas garantías concedidas a las finanzas privadas y ejercer el control público en el caso de bancos fallidos para evitar impactos negativos sobre la actividad económica. Los accionistas y acreedores deben responsabilizarse de su parte de las pérdidas. Los bancos rescatados deben ser socializados.
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Imponer efectivas y estrictas regulaciones a los bancos y otras instituciones financieras. Imponer la completa separación de bancos comerciales y bancos inversores. Prohibir el uso de paraísos fiscales y las actividades fuera de balance. Abolir las normas de secreto bancario. Gravar las transacciones financieras con impuestos y restaurar el control sobre los movimientos de capitales. Trocear los bancos “demasiado grandes para caer”.
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Forzar la supervisión democrática de los bancos e instituciones financieras. Orientar el crédito hacia las actividades que creen empleo y que fomenten el desarrollo social y ecológico. Dar prioridad e incentivos a los sistemas de crédito de propiedad pública o cooperativa.
¡RESISTAMOS POR LA DEMOCRACIA!
Los últimos acontecimientos acaecidos en Europa representan una negación frontal de la democracia. No sólo el debate democrático se ha silenciado, sino que se ha incrementado la represión de los movimientos sociales y se promueve la división entre los pueblos y los países. La consecuencia más predecible es el resurgimiento de la extrema derecha o de los movimientos fascistas, así como el resentimiento popular dirigido contra los inmigrantes, los pobres, las minorías, los extranjeros y otros pueblos de Europa. La mejor manera de derrotar estos movimientos es acabar con la austeridad.
Hay alternativas: nuestra responsabilidad es cambiar la correlación de fuerzas y construir una auténtica democracia política, social y económica en Europa.
Porque rechazamos ser gobernados por una oligarquía europea “auto-elegida”.
Porque rechazamos la explotación del pueblo y la naturaleza en Europa y el resto del mundo.
Porque nos negamos a la contribución de la Unión Europea al conflicto y la militarización.
Porque queremos el final del patriarcado y de la explotación y la opresión de las mujeres.
Porque queremos democracia auténtica, participación real y soberanía popular.
Porque queremos una sociedad que dé prioridad a las necesidades sociales y ecológicas.
Construimos un movimiento unido por una Europa democrática, social, ecológica y feminista.
Estamos apoyando y reforzando todas las luchas.
Nos comprometemos a unir fuerzas y luchar juntas para hacer realidad nuestras demandas a través de acciones nacionales y europeas.
Alter Summit del 7 y 8 de Junio de 2013 en Atenas significará un paso decisivo en esta dirección.
Calendario e información: www.altersummit.eu
Contacto:
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Traducido del original en inglés por Verónica Gómez Calvo
Alter Summit del 7 y 8 de Junio de 2013 en Atenas significará un paso decisivo en esta dirección.
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Traducido del original en inglés por Verónica Gómez Calvo
Documento consensuado por todas las organizaciones de la ALTERSUMMIT en mayo de 2013.
Documento traducido por Verónica Gómez Calvo de BabelATTAC
Calendario e información: www.altersummit.eu
Contacto:
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Pueblos Unidos contra la Troika: 1 de junio Manifestación Internacional
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